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Cronología del proceso de Paz

Vía Judicial

Hasta dos condenas logró salvar el dirigente de Batasuna y principal interlocutor con el Gobierno, Arnaldo Otegi, tras el anuncio del alto el fuego de la banda terrorista ETA.
 
Desde marzo se sucedieron las convocatorias de manifestaciones por parte del entorno abertzale y su suspensión (o aprobación) por parte de la Audiencia, y la consiguiente crítica del PP, en un juego que medía las fuerzas de ambos, han continuado hasta ahora
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Pulso de fuerza con la Audiencia Nacional

El último gran golpe policial asestado a la banda antes del alto el fuego tuvo lugar el 3 de octubre de 2004, cuando fue arrestado en Francia el máximo jefe político desde la captura de la cúpula en Bidart, en 1992. Se trataba de Mikel Albisu, alias Mikel Antza, y de Soledad Iparragirre Anboto, encargada en el momento de su arresto del aparato de extorsión.


Diez meses antes, había caído también en Francia el entonces jefe de los comandos terroristas Ibon Fernández de Iradi, alias Susper, al que la Policía intervino documentación cuyo análisis ha supuesto un centenar de detenciones en los años sucesivos.

 

Los procesos judiciales abiertos a miembros de ETA y su entorno habían continuado los meses posteriores al alto el fuego, lo que fue interpretado como el principal obstáculo al proceso de paz por la izquierda abertzale y la propia banda, que reclamaba al Gobierno una "tregua" judicial y policial.

 

El anuncio del alto el fuego de ETA coincidió con el aplazamiento de la citación al portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por parte del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, por su presunta impliación en los disturbios producidos por la huelga general convocada por Batasuna dos semanas antes. Otegi adujo estar enfermo, motivo por el que su comparecencia fue aplazada hasta en dos ocasiones.

 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, había anunciado que pediría el ingreso en prisión incondicional de Otegi cuando compareciera ante Grande-Marlaska por estar procesado por colaboración con banda armada y por incumplimiento de las condiciones de la prisión provisional. Finalmente, Grande-Marlaska ordenó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros.

El entonces fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, recordó que Otegi está procesado desde el pasado mes de mayo por el delito de pertenencia a organización terrorista y que el pasado 17 de enero el juez prorrogó por dos años la suspensión de actividades de Batasuna. Santos añadió que las conductas desarrolladas por Otegi durante febrero y marzo de este año se podrían encuadrar como una "continuidad" de aquellas por las que fue procesado y ha asegurado que, en su opinión, los indicios racionales de criminalidad respecto del dirigente abertzale "se han incrementado".

 

No obstante, el fiscal dijo a continuación que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que la prisión es una medida de carácter excepcional que sólo está justificada por circunstancias de necesidad, proporcionalidad y por la existencia de alguna de las finalidades previstas en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Esas finalidades son el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Y Santos considera que en el caso de Otegi no concurrían las dos primeras, pero sí la última, que podría desprenderse del hecho de que Otegi ha seguido actuando como portavoz de Batasuna pese a la suspensión de actividades de la formación abertzale.

 

Tras unos días en prisión, el responsable de comunicación de la formación abertzale, Juan José Petrikorena, el ex dirigente de Gestoras pro Amnistía Juan María Olano, y el propio Otegi abonaron las fianzas y salieron de la cárcel de Soto del Real.

 

Manifestaciones

 

En el mes de abril, Grande-Marlaska dictaba un auto en el que ordenaba que se adoptaran las medidas oportunas para impedir la celebración del acto convocado en el Kursaal de San Sebastián para hacer pública la nueva Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna. Como forma de protesta, los principales dirigentes de Batasuna, acompañados de miles de personas, se manifestaron en las calles donostiarras.

 

Las causas contra Otegi seguían su curso, y ese mismo mes, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional condenaba a 15 meses de prisión y a 7 años y 3 meses de inhabilitación absoluta al dirigente de Batasuna por un delito de enaltecimiento de acciones terroristas, en relación con el homenaje al etarra José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, aunque el dirigente abertzale no ingresó en prisión porque la condena no era firme. La Fiscalía, además, tampoco pidió su ingreso en la cárcel.

 

Quienes sí fueron condenados a prisión fueron Ana Belén Egües, alias Dolores, y Aitor García Aliaga, alias Oscar. La Audiencia Nacional les condenó a 323 años de cárcel como autores del atentado contra el general Justo Oreja Pedraza, cometido en Madrid en 2001 con una bicicleta-bomba colocada a la salida de su domicilio.

 

"Las cosas irán por mal camino"

 

La situación se tensó unos días después. Tras conocer que el juez Fernando Grande-Marlaska había citado a Otegi para declarar como imputado junto a otros siete dirigentes de Batasuna para aclarar si el partido ilegalizado había burlado la suspensión de actividades con la elección y presentación pública, en marzo pasado, de una nueva mesa nacional, el líder abertzale advirtió de que si no cesan las agresiones a la izquierda abertzale, "las cosas irán por mal camino" y "costará mucho más" volver a poner el proceso en marcha. Todos fueron puestos en libertad tras prestar declaración.

 

A principios de verano, varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía Nacional, acompañados de un secretario judicial, interrumpían en Pamplona una rueda de prensa de Batasuna siguiendo instrucciones del juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

 

La sucesión de convocatorias de manifestaciones por parte del entorno abertzale y su suspensión (o aprobación) por parte de la Audiencia, y la consiguiente crítica del PP, en un juego que medía las fuerzas de ambos, han continuado hasta ahora.

 

Uno de los hitos más importantes de la vía judicial fue la detención de doce personas, entre ellas varios líderes históricos de ETA como Julen Madariaga, en Francia y España, acusadas de formar parte de la red de extorsión de la banda terrorista encargada de recaudar el "impuesto revolucionario" durante los últimos años. Poco después, Grande-Marlaska citaba en calidad de imputado, por un delito de colaboración con organización terrorista, al miembro de la ejecutiva del PNV Gorka Agirre, quien supuestamente intermedió en el cobro del impuesto revolucionario. Además, Xabier Arzalluz, ex presidente del partido, también fue citado en calidad de testigo.

 

En julio, Baltasar Garzón relevó a su compañero Fernando Grande-Marlaska en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

La actuación de Marlaska al frente de su juzgado ha sido duramente criticada por representantes de Batasuna, que han llegado a asegurar que el magistrado ponía en peligro el proceso de paz.

 

Amenazas a los jueces

 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que la legítima esperanza de un final definitivo de la violencia "no afectará a nuestro afán cotidiano en defensa del Estado de Derecho".

Durante estos meses ha sorprendido la actitud desafiante que han mostrado destacados miembros de ETA en los juicios que se han celebrado contra ellos en la Audiencia Nacional como es el caso de Francisco Javier García Gaztelu, que llegó a llamar "monigote de circo" al presidente del tribunal, o de Iñaki Bilbao, quien le amenazó con "arrancarle la piel a tiras".

 

A finales de octubre también pasó por el banquillo de la Audiencia el preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, acusado de pertenencia a banda armada y amenazas terroristas. La Fiscalía rebajó los 96 años de prisión que pedía inicialmente, lo que motivó la renuncia del fiscal.

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Material incautado por la policía a ETA en 1974. ARCHIVO
Fernando Grande-Marlaska se encontraba sustitiyendo a Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el momento del anuncio del alto el fuego . ARCHIVO
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